Escuchas telefónicas reafirman que el presidente se comunicaba con banda criminal.
Organismos de la sociedad civil pidieron la renuncia del mandatario.
Ciudadanos guatemaltecos protestan en las calles por un conflicto que se ha extendido cerca de cuatro meses.
El mandato de Otto Pérez Molina como presidente de Guatemala recibió el viernes una estocada que podría ser mortal, al ser señalado como el líder de una organizada estructura de corrupción dentro del ente recaudador de impuestos, que defraudó al estado millones de dólares.
Pérez Molina vivió el pasado viernes su peor día en el cargo desde que tomó posesión el 14 de enero de 2012 junto a la vicepresidenta, Roxana Baldetti, arrestada en un hospital privado como supuesta cómplice del mandatario y de otras 27 personas de la red criminal.
El día empezó mal para el ex militar, quien entregaba alimentos a una comunidad en el este del país mientras en la ciudad de Guatemala, nueve fiscales del Ministerio Público (MP) y siete policías ingresaban a la habitación 404 del hospital privado entro médico para arrestar a Baldetti.
Al filo del mediodía, el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente creado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 2007 para investigar estructuras clandestinas dentro el estado, convocaban a una rueda de prensa para informar sobre la red criminal bautizada como "La Línea".
"Tenemos que decirlo, muy lamentablemente, pero al frente de la estructura está el señor presidente de la República, Otto Pérez Molina, y la señora vicepresidenta en aquel entonces, Ingrid Roxana Baldetti", aseguró el abogado colombiano Iván Velásquez, comisionado de la CICIG.
Empeora situación para Pérez Molina
En el sur del la capital del país, la poderosa cúpula empresarial del país, que ostenta uno de los bastones de mando de la nación, le pedía la renuncia inmediata al mandatario, tal y como sucedió con Baldetti, quien dimitió el 8 de mayo, tres semanas después de que el MP y la CICIG desarticularan los mandos medios de "La Línea" e implicaran a su secretario privado, Juan Carlos Monzón Rojas, hoy prófugo de la Justicia.
La exigencia de la patronal, que tachó como "impresentable" al gobierno, llegaba casi a la misma hora en que Baldetti era trasladada al cuartel militar Matamoros, donde hay celdas habilitadas para personas implicadas en casos de alto impacto y donde pasará recluida al menos tres noches, hasta que preste declaración el próximo lunes.
Ambos implicados evitaron dar declaraciones, incluso los rumores sobre una posible rueda de prensa de Pérez Molina fueron desmentidos por el portavoz presidencial, Jorge Ortega, aunque el mismo mandatario había advertido brevemente por la mañana que iba a "dar la cara".
"Tenemos que enfrentar la situación, vamos a dar la cara y luego nos vamos a pronunciar", apuntó en declaraciones a periodistas en el este del país.
El ex militar se encuentra acorralado por los cargos en su contra e incluso la fiscal Thelma Aldana, jefa del Ministerio Público, advirtió que hay escuchas telefónicas donde el presidente se comunica con miembros de la estructura criminal. Algo inaudito hasta el momento.
Durante los últimos cuatro meses, cuando se empezó a desatar esta hecatombe política, Pérez Molina repitió una y otra vez que cumpliría su mandato como presidente hasta el 14 de enero de 2016, es decir, los cuatro años que establece la ley.
Pero la estocada del viernes podría ser mortal para su Administración, ya sea por su renuncia o por el posible retiro de la inmunidad, solicitado por el MP a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aunque este dependerá también del aval final del Congreso.
La CICIG y el MP esperan, mientras tanto, la primera declaración del caso por parte de Baldetti, programada para el lunes, en lo que se anticipa como un largo proceso judicial.
Sus abogados tendrán que refutar las evidencias, que incluyen 88.920 escuchas telefónicas interceptadas del caso, 5.906 correos, 175.000 documentos, 650.000 folios, 22 empresas involucradas y varios cheques a su nombre encontrados en allanamientos.
"Si decimos que el '1' se refiere al presidente y la '2' a la ex vicepresidenta, es porque tenemos evidencias más allá de las escuchas (telefónicas)", sentenció el comisionado Velásquez, seguro de que las pruebas no dejan lugar a dudas.
