La investigación pesa también sobre el ex vicepresidente Álvaro García Linera y otros ex ministros.
Desde el MAS -partido del ex presidente- afirman que sus adversarios sienten "pavor" ante la posibilidad de tenerlo en el Parlamento.
Evo Morales reunió el 10 de noviembre y se refugió en México, para luego viajar a Argentina.
El Ministerio Público de La Paz resolvió abrir un proceso penal contra el ex presidente Evo Morales y otras ex autoridades por supuesto fraude electoral en los comicios del pasado 20 de octubre en Bolivia.
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó a los medios que se abrió un nuevo caso en contra de Morales, el ex vicepresidente Álvaro García Linera y los ex ministros Juan Ramón Quintana, Héctor Arce y Carlos Romero.
La pasada semana, el candidato a la presidencia por la alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, presentó un memorial ante la Fiscalía General del Estado en Sucre, capital de Bolivia y sede del Poder Judicial, para que incluyera a esos ex funcionarios en la investigación por supuesto fraude electoral.
"Bolivia no permitirá que los autores del fraude queden impunes", dijo entonces el ex presidente Mesa (2003-2005).
El diputado Édgar Montaño, del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales, comentó que "se van a inventar un montón de procesos" en contra del ex presidente, porque "les da pavor" que "esté presente" en el Parlamento boliviano.
Evo Morales anunció una candidatura a senador por el MAS, aunque está pendiente de habilitación por el órgano electoral.
La Fiscalía abrió una investigación en contra de los siete ex vocales del Tribunal Supremo electoral por supuesto fraude en los pasados comicios del 20 de octubre, de los que seis están en detención preventiva y uno en domiciliaria.
Esa investigación se abrió tras un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que identificó irregularidades en la elección.
La Fiscalía General del Estado debía analizar si se incluía a Morales y las otras ex autoridades en ese caso o se abría otra investigación.
Tras las denuncias de organismos internacionales de irregularidades en las elecciones, Morales anunció el pasado 10 de noviembre su renuncia, denunciando un golpe de Estado para derrocarlo en medio de presiones de mandos policiales y militares, entre otras.
El Gobierno transitorio de Bolivia promulgó en noviembre una ley que anuló los comicios de 2019 y que fijó las bases de un nuevo proceso electoral previsto para el próximo 3 de mayo.
Evo Morales partió hacia México en noviembre, para luego trasladarse a Argentina en diciembre, donde solicitó refugio, acompañado de García Linera en ambos países.
Los exministros de la Presidencia Juan Ramón Quintana, y de Justicia, Héctor Arce, se alojaron en la residencia de la Embajada de México en La Paz, a la espera de un salvoconducto que el Gobierno de Jeanine Áñez no les ha otorgado para salir del país.
Morales es el jefe de campaña de su partido de cara a los nuevos comicios del 3 de mayo y se postula al Senado por la región boliviana de Cochabamba.
Además de esta investigación, sobre el ex presidente pesa una orden de aprehensión de la Fiscalía de Bolivia para que acuda a declarar, tras ser denunciado por el Gobierno interino del país por supuestos delitos como terrorismo.
