Tribunal de alzada ordenó al Fisco a pagar 4.500 millones de pesos.
Sentencia considera que los 30 demandantes fueron víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
Cada uno de los 30 ex prisioneros recibirá 150 millones de pesos del Estado.
La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencia que condenó al Fisco a pagar la suma total de 4.500 millones de pesos a 30 ex prisioneros políticos del centro de detención de isla Dawson, ubicado en la Región de Magallanes, quienes estuvieron recluidos entre septiembre de 1973 y septiembre de 1974.
En fallo unánime, la Tercera Sala del tribunal de alzada -integrada por las ministras Gloria Solís, Viviana Toro y el abogado Ángel Cruchaga- ratificó la sentencia dictada por el 18º Juzgado Civil de Santiago que ordenó al Estado pagar 150 millones de pesos a cada uno de los demandantes.
La sentencia considera que los demandantes fueron víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, por lo que no corresponde aplicar la prescripción en sus casos, tal como lo solicitaba el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
La sentencia indica que los demandantes "fueron recluidos ilegalmente en una isla del fin del mundo; que sufrieron maltratos y que vivieron en aquel período la agonía de la incertidumbre de su propia existencia, sufrieron un inconmensurable daño moral, que no requiere ser probado pues el más elemental sentido común basta para tal efecto".
El 7 de enero de 2013, el Juzgado Civil había establecido la responsabilidad del Estado en los hechos y la correspondiente indemnización.
En tanto, el abogado demandante, Víctor Rosas, valoró el fallo, asegurando que esta ha sido una lucha de los ex prisioneros políticos por más de 15 años.
"Efectivamente no está ninguno de los jerarcas o los amigos del Presidente Salvador Allende, sino que justamente son personas de la zona, de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir, en su mayoría muy jóvenes, de las juventudes de los partidos de izquierda y uno que otro dirigente sindical, que ahora son los pocos ancianos que van quedando de ese grupo", dijo el abogado.
CDE recurrirá de casación
Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, la autoridad política del programa de Derechos Humanos de la cartera, dijo que si los tribunales dictaron ese fallo se debe respetar la sentencia.
"No tengo los detalles, pero me imagino que todo lo que tenga que contribuir a seguir avanzando en estos procesos y en verdad, en justicia y en reparación, los tribunales tendrán sus razones cuando muchas veces se siguen transparentando los hechos ocurridos en ese año tan negro para Chile", dijo el secretario de Estado.
En ese marco, por ley orgánica, el Consejo de Defensa del Estado recurrirá de casación contra este fallo ante la Corte Suprema, instancia que deberá zanjar si se mantiene el criterio de su Sala Penal sobre la imprescriptibilidad en materia civil para las violaciones a los derechos humanos y la reparación para las víctimas.
