Los tribunales han dejado a 2.255 detenidos en prisión preventiva producto de presuntos delitos cometidos en hechos ocurridos en el marco de la crisis social que vive el país desde hace casi seis semanas.
Según las cifras, que comprenden desde el 18 de octubre –cuando estalló la crisis- y el 25 de noviembre, la mayoría de los casos están vinculados a hechos de violencia; en tanto, se han desarrollado más de 25 mil audiencias de control de detención, de las cuales prácticamente el 95 por ciento han sido declaradas ilegales debido a la calidad de los partes realizados por la policía y los relatos de los supuestos hechos delictivos.
Las regiones con más imputados son la Metropolitana, del Biobío y de Valparaíso.
Esta situación ha provocado un arduo trabajo de la Fiscalía, pero el jefe nacional del organismo, Jorge Abbott, aseguró que "como Ministerio Público no nos sentimos sobrepasados".
Lo que sí, reconoció, que "probablemente tengamos una demora en las investigaciones que estaban en curso al momento de iniciarse estos hechos, pero estamos en condiciones de responder a las exigencias que la contingencia nos está reclamando, y así ha ocurrido. Hemos tenido la posibilidad de concurrir a todas las audiencias".
Fiscales apuntan "escasos equipos investigativos"
Por su parte, desde la Asociación de Fiscales, el presidente del gremio, Claudio Uribe, sostuvo que "no hay un funcionamiento normal de las policías, disponemos de escasos equipos investigativos".
"La policía está dedicada prioritariamente a lo que es orden público en este minuto, y los funcionarios con los que trabajamos habitualmente paulatinamente han ido asumiendo otras tareas, y son cada vez menos a disposición del Ministerio Público, además, con una propia Fiscalía y con servicios públicos en general que están funcionando mínimo con horario restringido", apuntó.
