Municipio de Chorrillos clausuró oficialmente planta de Lucchetti en Lima

Hubo momentos de tensión a la llegada de Miyashiro, debido a que siete camiones de Lucchetti, fueron colocados uno tras otro frente a la puerta principal de la fábrica. Luego de que la policía normalizara situación, personal del municipio de Chorrillos pegó un cartel que reza "clausurado" en las rejas del edificio de la empresa chilena, propiedad del grupo Luksic. "La producción definitivamente ha paralizado", informó el alcalde de Chorrillos a su salida de la fábrica. La autoridad municipal dijo que encontró algunas personas de la empresa en el área administrativa y que había siete mil toneladas de trigo y sémola en los almacenes. Para asegurarse del desalojo de la empresa, Miyashiro ordenó el corte del servicio de gua potable. Mienteras, en el exterior de la planta, un grupo de trabajadores de Luchhetti expresó su malestar por el cierre, señalando que la empresa había cumplido cabalmente con todos los beneficios con su personal, por lo que, según consideran, no es justa que sea clausurada. El pasado 17 de diciembre el concejo de regidores de la Municipalidad de Lima votó mayoritariamente en contra de la prórroga que había pedido Lucchetti para permanecer en los humedales, ubicados en el distrito de Chorrillos, decidiendo su cierre. Debido a esto, el 7 de enero, el directorio de la empresa Lucchetti decidió recurrir al Centro Internacional de Arreglos y Disputas relativas a Inversiones (Ciadi), para definir la indemnización que pedirá. La filial de Lucchetti fue construida en los Pantanos de Villa, unos humedales ubicados en el distrito limeño de Chorrillos, lo que generó una fuerte oposición de grupos ecologistas y del ex alcalde limeño Alberto Andrade. La situación se complicó después que la empresa fuera acusada de haber obtenido los permisos para instalar su planta sobornando a Vladimiro Montesinos, el hoy encarcelado asesor del ex presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000). Incluso, existe una causa judicial en el país andino contra ejecutivos de la empresa chilena por presunto "tráfico" de influencias. Según el artículo 9 del Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones (APPI) que suscriben Chile y Perú, en caso de existir controversias entre ambos países éstos deben resolverse primero en el campo diplomático y luego ante un tribunal externo.