"Que nosotros podamos querellarnos todavía no es una posibilidad cierta dada la falta de antecedentes", dijo en Cooperativa Karla Rubilar.
En la investigación, que se mantiene bajo secreto, hay cinco personas formalizadas, una de ellas en prisión preventiva.
La ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, no descartó que el Gobierno se querelle por Ley de Seguridad del Estado en la investigación por la compra y venta de un fusil AK-47, sin embargo, aclaró que la decisión se tomará una vez que la Fiscalía levante el secreto de la indagatoria.
En conversación con El Diario de Cooperativa, Rubilar enfatizó que "cualquier delito de tráfico de armas o de este nivel obviamente que al Gobierno le preocupa enormemente".
"Lamentablemente, en este caso en particular, la información que tenemos es que la Fiscalía ha declarado secreta la investigación y, por lo tanto, que nosotros podamos querellarnos todavía no es una posibilidad cierta dada la falta de antecedentes, pero por supuesto que si tenemos los antecedentes públicos que ameriten una querella por Ley de Seguridad Interior del Estado con un hecho como este la vamos a utilizar", sostuvo.
Respecto a la vinculación de personas de extrema derecha en este caso, la ministra dijo que sólo tienen esa información a través de la prensa.
"En cuanto tengamos información, si es que amerita una querella por Ley de Seguridad del Estado, no le quepa la menor duda que vamos a accionar de esa manera", finalizó.
En opinión del abogado constitucionalista Tomás Jordán, "lo que hay que investigar, y que sea una labor de los servicios de Inteligencia del Gobierno, es si esto está vinculado o no algún grupo privado que se esté movilizando paramilitarmente y eso es muy grave, porque cualquier agrupación privada que tenga por objeto llevar a cabo acciones violentas es una hipótesis que el Gobierno se tiene que hacer cargo en invocar la Ley de Seguridad del Estado".
Por contraparte, "si solo fuera una venta privada de un arma, esa es una tenencia ilegal de armas, que es la figura por la cual están formalizadas estas personas".
Este martes fueron formalizadas cinco personas, tres hombres y dos mujeres, en una audiencia que se desarrolló a puertas cerradas y bajo fuertes medidas de seguridad en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, que decretó 120 días para la investigación, de carácter reservada según decretó la Fiscalía.
De los imputados, sólo uno quedó en prisión preventiva; de los restantes, dos quedaron sujetos a la medida cautelar de arresto domiciliario total, mientras que un tercero quedó con firma quincenal y arraigo y el cuarto con arresto domiciliario parcial.
