Un lío judicial entre los ex y actuales sostenedores mantiene en vilo a 880 familias.
Actualmente la comunidad educativa arriesga quedar sin colegio.
La comunidad educativa del Instituto San Pedro, de San Pedro de la Paz, marchó desde el Puente Llacolén hasta la misma Plaza de la Indenpendencia en Concepción para exigir a la justicia que revierta la orden de desalojo vigente que afectaría a 880 alumnos.
El litigio judicial surge luego de que la actual administración -tras una auditoría- descubriera que los dos ex controladores no tienen cómo justificar la pérdida de 1.500 millones de pesos, los que habrían ido a parar a sus cuentas corrientes según una querella presentada.
La parte denunciada respondió con un juicio de arrendamiento del inmueble ya que está a nombre de la sociedad comercial y no de la actual Corporación sin fines de lucro.
Lorena González, administradora del Instituto San Pedro, señaló que "estamos marchando por justicia, porque creemos que esto no puede quedar impune, dos administradores que defraudaron al colegio con muchos millones de pesos, una Superintendencia que no fiscaliza y cuando fiscaliza y nosotros denunciamos nos multan, jueces que dictan sentencia y no entendemos que no contemplen todos los antecedentes que tienen y estén dispuestos a lanzar a 880 alumnos a la calle".
En la actividad participaron cerca de 1.000 personas, entre ellas el seremi de Educación del Biobío, Fernando Peña, quien ha prestado asesoría a las autoridades del colegio para evitar que los menores pierdan el recinto que los alberga.
En cuanto a las acciones realizadas, Peña aseguró que "tranquilamente vamos a terminar el año escolar 2019 y lo importante ahora es trabajar justamente en esa estrategia judicial a mediano plazo para que durante el 2020 podamos trabajar con todas las herramientas judiciales para detener el lanzamiento".
