La instancia se constituyó esta tarde y debe, contrarreloj, establecer el monto de la deuda a los afiliados y su fórmula de pago, entre otros aspectos.
El Ejecutivo dijo confiar en que habrá acuerdo, y evitó ponerse en el escenario de la necesidad de una nueva prórroga para el cumplimiento del "supremazo".
Este jueves por la tarde se realizó la constitución oficial de la comisión mixta -integrada por cinco diputados y cinco senadores- que, contrarreloj, deberá dar forma a la denominada ley corta de isapres.
A 10 días de que termine el plazo para legislar y poner en marcha el fallo de la Corte Suprema sobre la tabla de factores de riesgo, que ordena restituir cobros en exceso a los afiliados, la instancia deberá zanjar los temas pendientes y encontrar acuerdos en torno al monto de la deuda, la fórmula de pago y la reajustabilidad, entre otros aspectos.
La comisión está integrada por los senadores UDI Javier Macaya (presidente) y Sergio Gahona, por el socialista Juan Luis Castro, el RN Francisco Chahuán y la independiente-PPD Ximena Órdenes; y por los diputados Tomás Lagomarsino (PR), Andrés Celis (RN), Daniel Lilayú (UDI), Gael Yeomans (CS) y Ana María Gazmuri (Acción Humanista).
Tras elección del senador Macaya como líder de la instancia, se elaboró un cronograma de trabajo.
En esta primera sesión, el Gobierno le puso suma urgencia a la tramitación e informó que recién el lunes podría ingresar sus indicaciones, un anuncio que fue reprochado por parlamentarios del oficialismo y de la oposición.
"Si el Ejecutivo no presenta la información financiera, no presenta las indicaciones y, al mismo tiempo, nos transmite una necesidad de legislar antes del 12 de mayo, algo no está funcionando en ese discurso. O sea, o presentan las indicaciones, presentan el informe financiero y nos exigen votar antes del 12 de mayo o, de lo contrario, bueno, asumamos que no se va a llegar a ese plazo fatal y tendremos que ver la posibilidad de legislar con posterioridad a esa fecha", sostuvo Macaya.
"Eso depende más del Ejecutivo que de nosotros. No voy a asumir la responsabilidad, como presidente de la comisión mixta, de obligar al Congreso, a diputados y senadores, a votar algo sin información, sin el respaldo financiero", alertó el gremialista.
Chahuán fustigó que "no es posible que no haya habido urgencia legislativa por parte del Ejecutivo, si es que el Ejecutivo no ha hecho el esfuerzo justamente de acercar posiciones a través de indicaciones; en segundo lugar, hemos dicho claramente que los votos de la oposición no van a estar para un mal proyecto de ley".
Desde el oficialismo, el senador Castro espetó que "no es posible que al mismo tiempo que se pide toda la celeridad, que concordamos que tiene que haberla, no tengamos sino hasta ahora la urgencia ingresada ni menos las indicaciones, porque aquí hay que reponer temas demasiados gruesos: ¿cuál es el monto la deuda? ¿cuál es el plan de devolución? ¿Cuál es el reajuste y qué tope va a tener el reajuste? ¿Qué pasa con el retiro de utilidades? ¿Qué pasa con el umbral del 7%?
El parlamentario socialista apuntó que en la comisión mixta "se vuelve casi a foja cero respecto de lo que el Senado despachó, porque la Cámara no tuvo quórum para hacerlo; por lo tanto, lo que hemos invocado es que haya un acuerdo técnico y político que requiere un procesamiento y que se haga en tiempo y forma pero con los contenidos. Es contradictorio que el Gobierno pida celeridad y no tenga puestas las indicaciones hasta este minuto aún".
Desde el Ejecutivo han explicado que han estado en conversaciones con parlamentarios de distintos sectores, particularmente con los senadores, y por eso no sé han ingresado las indicaciones.
El diputado Celis detalló que los asuntos a debatir serán: "Primero, evitar la caída del sistema de aseguramiento privado, porque si se cae el sistema privado, trae efectos en el sistema público".
"Segundo, asegurar la viabilidad del sistema privado; tercero, cumplir el fallo: en eso no nos perdemos... Lo otro que creemos fundamental es saber bien cuál es el cálculo de los cobros en exceso; no tenemos la cifra exacta. Y (finalmente), otro punto que nos parece importante es ver la posibilidad de pagar aquellos excesos por vía de bonos", indicó el legislador RN.
Su par radical Tomás Lagomarsino dijo que espera "ver en la sesión del día de hoy un ánimo de agilizar la discusión y votación, producto de que estamos contra el tiempo en implementar el fallo de la Corte Suprema, que hay hasta el 12 de mayo (de plazo para concretar)".
"Espero que el ánimo compartido de todos los parlamentarios -tanto de oficialismo como de oposición- sea de agilizar la discusión. No puede suceder nuevamente lo que vimos en el Senado, donde hubo más de ocho meses de tramitación, siendo que en la Cámara nos tomamos exclusivamente dos meses", indicó Lagomarsino.
Consultada sobre la posibilidad de solicitar una nueva prórroga, la tercera desde que fue conocido el fallo a fines de noviembre del 2022, para la implementación del "supremazo", la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dijo confiar en que se alcanzará un acuerdo.
"No queremos ponernos en ese caso hipotético: tenemos tiempo todavía y estamos trabajando intensamente -particularmente nuestra ministra de Salud y los equipos que la acompañan- en lograr un acuerdo", señaló Vallejo.
"Siempre, en todos los proyectos que hemos sacado adelante, hemos tenido momentos difíciles, donde parece que está muy cuesta arriba (avanzar), pero al final del día logramos sacar leyes con importantes y transversales acuerdos. Creemos que en este tema de las isapres, donde se pone obviamente en juego mucho, va a primar la responsabilidad, el sentido común", cerró la exdiputada comunista.
En la misma línea, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, subrayó que "no va a haber desacato; se va a cumplir con la sentencia. La diferencia será si se va a cumplir con una ley aprobada o con la ley actual".
"El Gobierno presentó un mensaje con el objeto de establecer condiciones para el cumplimiento del fallo que garantizaran la viabilidad del sistema, particularmente para el seguro privado, que no caiga en insolvencia y no se genere un daño para los afiliados. Ese es el sentido de este proyecto de ley y en eso hemos estado abocados todo este tiempo", remarcó.
