La presidenta del Colegio de Matronas, Anita Román, conversó con Cooperativa.
Contraloría indicó que no existe exclusividad de las matronas en servicios de neonatología.
Las matronas marcharon este martes en rechazo a la decisión de Contraloría.
La presidenta del Colegio de Matronas, Anita Román, conversó con Cooperativa sobre el debate por el dictamen de Contraloría sobre la participación de otros profesionales en servicios de Obstetricia, Ginecología y Neonatología.
En GPS, Román explicó que "lo que acá ha ocurrido reviste la máxima gravedad en términos de dirección de un país. La Contraloría cometió un acto ilegal al establecer que podían determinar cuáles eran las acciones que se hacen en salud. Ese rol por ley es parte de la autoridad sanitaria, que es el Ministerio de Salud y así lo dice la ley".
"En esa potestad normativa que tiene el Ministerio, por muchos años ha dicho que esos son los representantes disciplinarios por cada sección y en las maternidades es la matronería", añadió.
"Lo que dijo la Contraloría es que el Ministerio no tiene esa potestad y en las maternidades pueden trabajar otros profesionales también, aunque no tengan la disciplina", precisó.
Román manifestó que tras esta decisión, "el Ministerio de Salud no tiene ningún piso para normar nada, porque va a ser la Contraloría la que le diga lo que está bien y lo que está mal (...) es decir, ¿quién manda en este país? ¿La Presidenta de la República o la Contraloría General? Es gravísimo lo que aquí ha ocurrido".
Además, Román adelantó que durante la semana se presentará un recurso de protección para evitar que esta normativa entre en vigencia.
La polémica
En la norma 21, respaldada por el artículo 117 del Código Sanitario e introducida en 2010, se establece el modelo de administración del cuidado por parte de matrones y matronas en servicios y/o unidades de hospitalización de Obstetricia, Ginecología y Neonatología, entre otros, en establecimientos hospitalarios de mediana y alta complejidad.
A través del dictamen 46.357, fechado el 10 de junio de 2015, la Contraloría General de la República determinó que no existe disposición legal alguna que les entregue a dichos profesionales la exclusividad en el desempeño de las tareas en administración y dirección de aquellas unidades.
