Luego de presentar anoche, por escrito, la contestación del Presidente Sebastián Piñera, su abogado Jorge Gálvez expuso largamente la tarde de este viernes ante la comisión parlamentaria encargada de estudiar la acusación constitucional presentada contra el Mandatario, por su presunto vínculo en la compraventa de su participación en el proyecto minero Dominga.
Según reveló una investigación periodística de los "Pandora Papers", la familia de Piñera realizó en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal, la compraventa del controvertido proyecto a su amigo de años el empresario Carlos Alberto Délano, con una controversial cláusula para el pago de la tercera y última cuota: que el sector, en la comuna de La Higuera, donde se emplaza la iniciativa, "no se transformara en una zona de exclusión o se convirtiera en un parque nacional o reserva nacional". La operación se selló a fines del 2010, en el primer Gobierno del actual Mandatario.
Por ello, la oposición ingresó una acusación constitucional por presuntas faltas a la probidad y por comprometer el honor de la Nación.
Durante cerca de tres horas, Gálvez criticó los argumentos del libelo. "Primero se basa en hechos falsos. No tiene ni ofrece pruebas de sus dichos, se basa en meras especulaciones que reconoce expresamente como tales. Frecuentemente hace inferencias, establece sospechas, dice que se podría inferir, que podría ocurrir de una determinada manera, cuestión que desde luego no satisface el estatuto de una acusación, mucho menos de una acusación constitucional, y mucho menos de una que pretende la destitución de nada más ni nada menos que el Presidente de la República".
"Además, se basa en hechos ocurridos en el anterior período presidencial, y esto es muy relevante", recalcó el jurista.
Acto seguido, emplazó: "Espero que los honorables diputados de la República comprendan la gravedad y la importancia no sólo para este momento electoral, sino para efectos de la historia de la República y la estabilidad democrática de este país en los tiempos turbulentos que vienen en el futuro".
"Que entiendan la gravedad de lo que está en juego: no está en juego sólo la posibilidad de afirmar o no la salida de un presidente, sino la estabilidad democrática y una larga tradición de este país, donde la institución del Presidente de la República se respeta", subrayó.
En tanto, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, reforzó la postura de La Moneda y aseguró que se trata de "una acusación infundada, falsa, mañosa, que se hace simplemente por las elecciones; no es una acusación constitucional, es una acusación electoral".
"Tiene una cantidad de errores adentro, ni siquiera citan ciertos pasajes -los copiaron de otras partes y no lo citan- donde no se hacen cargo de una cuestión que es fundamental, por ejemplo, el que las acusaciones constitucionales contra los presidentes se pueden presentar por actos de su administración, y estamos hablando de temas que son de hace 10 u 11 años", afirmó el portavoz.
En esta línea, advirtió que estos errores en el documento "no les importa", dado que -reiteró- esta "es una acusación no constitucional, sino que es una acusación electoral".
"MUCHOS HECHOS FALSOS EN LA ACUSACIÓN"
La presentación del abogado se suma a la respuesta remitida anoche, pasadas las 23:00 horas y rozando el plazo límite, por parte del Presidente Piñera ante la misma comisión revisora, mediante la que busca demostrar que no está involucrado en esta compraventa de Dominga, lo que también es investigado paralelamente, en materia penal, por el Ministerio Público.
En el texto se califica que el libelo "no tiene ningún fundamento ni en la verdad ni en la Constitución", por lo cual "es una ostensible maniobra político-electoral, que toma como base suposiciones, atribuye intencionalidades, confunde fechas y distorsiona reglas claras y precisas de nuestro ordenamiento jurídico", y señala que los hechos acusados "son manifiestamente falsos, mañosamente relatados y atribuyéndole intenciones en meras suposiciones".
Asimismo, en un documento que resume los argumentos, afirma que "hay muchos hechos falsos en la acusación", ya que "no es cierto que: (i) el Presidente haya tenido participación en la venta de Dominga; (ii) sus hijos hayan decidido que la venta ocurriera fuera de Chile; (iii) no se hayan pagado impuestos o se hayan pagado en menor medida; (iv) la no suscripción del tratado de Escazú habría sido beneficioso para Dominga".
Igualmente remarca que "la información aparecida en los 'Pandora Papers' no dio cuenta de ningún hecho nuevo respecto de Sebastián Piñera: esos antecedentes ya habían sido publicados en medios de comunicación y debidamente investigados por múltiples autoridades, entre ellas el Ministerio Público, quien, luego de una extensa y profunda investigación (en el caso Bancard-Exalmar), solicitó el sobreseimiento definitivo, por no existir delito ni irregularidad alguna, por demostrarse la plena inocencia del entonces ciudadano Sebastián Piñera y por no haber tenido participación alguna en la venta del Proyecto Dominga".
"DEFENSA PREDECIBLE"
Desde la oposición, los impulsores del libelo fustigaron el contenido y el tono de la contestación del Mandatario.
El diputado Leonardo Soto (PS) reprochó que "es una defensa absolutamente predecible, toda vez que existe una enorme abundancia de descalificaciones a los acusadores, a sus intenciones, descalificaciones al Congreso Nacional como entidad que tiene el deber de fiscalizar los actos del Gobierno, pero existe una total pobreza respecto al argumento de fondo".
Una postura similar es la que indicó su par Marcelo Díaz (movimiento Unir, Frente Amplio), quien aseguró que la respuesra del Mandatario tiene "los mismos argumentos que escribió el día en que se conoció el caso 'Pandora Papers', y que a pesar de esa presentación de sus argumentos derivó en la acusación constitucional, pero también no olvidar en una investigación penal por parte del Ministerio Público".
"No son sólo hechos, como quiere afirmar la defensa, ocurridos en su anterior mandato. Son también hechos que han tenido lugar en este ejercicio presidencial que encabeza el Presidente Piñera", puntualizó el parlamentario.
En el oficialismo, sobre su eventual apoyo a la acusación, el RN Andrés Celis enfatizó que sólo se pronuncirá a favor "si se acredita algún hecho que haya sucedido en la actual Administración de Piñera, y que ésta sea grave ya sea porque hay una abierta infracción a la ley, a la Constitución, y que haya comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación
El abogado Gálvez no alcanzó a concluir su exposición, por lo que la sesión de la instancia revisora continuará mañana sábado, en la que el jurista podrá terminar su presentación y también responderá preguntas de los parlamentarios.
La comisión tendrá nuevas sesiones el martes, el miércoles y jueves, a fin de someter a votación su informe recomendatorio el viernes, y que pase a la Sala de la Cámara Baja el lunes 8 de noviembre.
