Acusan vulneración de derechos y perjucios económicos durante el extenso corte de agua en Osorno.
De acuerdo a la empresa, no incurrió en "un acto ilegal o arbitrario voluntario" que provocó la emergencia.
Los jueces determinarán la sentencia en los próximos días.
La Corte de Apelaciones de Valdivia dejó en acuerdo el fallo por nueve recursos de protección interpuestos contra Essal tras la crisis sanitaria en Osorno.
Las acciones presentadas por el diputado Javier Hernández (UDI), la Cámara de Comercio y particulares acusan a la empresa de vulneración de derechos y perjucios económicos producto del extenso corte de agua.
Durante la audiencia de este jueves, el abogado de la compañía, Alberto Manríquez, sostuvo que no existe "un acto ilegal o arbitrario de parte de mi representada que pueda significar o haya significado una vulneración de los derechos fundamentales de los recurrentes".
"Los mismos recursos interpuestos han indicado que existió un incidente, no existió en este caso un acto voluntario de mi representada para que no exista suministro de agua potable", subrayó.
Por tanto, el abogado concluye que "en este contexto, no existe un acto ilegal o arbitrario voluntario de mi representada. Mi representada, frente a esta contingencia ocurrida, se vio obligada a suspender el suministro de agua potable".
Manríquez también planteó falta de oportunidad en la presentación de los recursos, pues los recurrentes acudieron al tribunal de alzada una vez que el suministro había sido repuesto.
Críticas a Essal
Desde la contraparte, el abogado Jorge Ríos recalcó que "claramente se vulneró el derecho a la integridad física y síquica de los ciudadanos de Osorno y también el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Por lo tanto, hablar de oportunidad, creemos que efectivamente lo que está haciendo la empresa es escudarse en argumentos procesales más que ir al fondo del debate constitucional".
"Los antecedentes dan testimonios públicos de que con posterioridad al 29 de julio existen muestreos de que el agua salía contaminada y que efectivamente esto constituye una amenaza a los derechos", sostuvo.
La abogada de la Cámara de Comercio, Javiera Caico, afirmó que desde Essal "se están escudando en argumentos meramente procesales, no se está discutiendo el fondo del asunto, y se está pasando a llevar a los comerciantes a raíz de esto".
De acuerdo a la defensora, "preliminarmente se hizo un avalúo de pérdidas de 5 millones de dólares" para este sector, "pero estamos en pleno proceso de hacer un catastro de cuáles son las pérdidas reales de los comerciantes".
Los jueces analizarán los argumentos de ambas partes y determinarán su sentencia en los próximos días.
