La nueva orden de entrada y registro se enmarcó en la arista ProCultura, a la que el Gobierno Regional le había transferido 2.500 millones de pesos.
El fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, lleva adelante la investigación que ha derivado, por segunda jornada consecutiva, en diligencias al interior de entidades públicas.
El sujeto tiene antecedentes por delitos similares y recientes.
Su acción se vincula con un supuesto problema de salud mental.
Se busca "propiciar el diálogo para alcanzar consensos, y legitimar las medidas que propondrá" la instancia presidencial.
La Sala de la Cámara aprobó un proyecto de resolución que solicita al Gobierno considerar "la declaración de emergencia pesquera ante este grave problema".
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